ley anticorrupción

LEY ANTICORRUPCION
Jorge Komadina

Es inminente. Dentro de pocos días, después de un complicado y largo itinerario, la Ley de Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” será finalmente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es una buena noticia, ciertamente, pero es importante anotar que esta norma no contará con poderes taumatúrgicos para resolver el complejo y persistente problema de la corrupción en Bolivia. De hecho, la proyectada ley tiene un enfoque punitivo, consagra dispositivos tendientes a perseguir y sancionar todo acto de corrupción que atente contra el patrimonio público. Sus propuestas centrales son la ampliación de la figura del delito de corrupción en el código penal boliviano y la creación de organismos e instancias judiciales y policiales para identificar y perseguir a los delincuentes. No en vano el Vicepresidente ha calificado a esta norma como un “garrote”, es decir como un instrumento de guerra.

Pues bien, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno estructural y muy complejo tanto por sus causas y sus manifestaciones. Es sobre todo problema político (y no policial) y por ello decía Maquiavelo que la corrupción implica la degradación paulatina no sólo del interés publico, sino también la descomposición de la vida política que hace posible la representación de lo común. Una respuesta política al problema de la corrupción implica la combinación de tres políticas: el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana (control social) en la gestión pública. Sea por prisa o por cálculo, estos temas estratégicos no han sido discutidos seriamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero lo grave es que ellos ni siquiera han sido visibilizados como componentes imprescindibles de una política de transparencia.

Para prevenir la corrupción los bolivianos necesitamos una vigorosa Ley de Transparencia (y no sólo de investigación de fortunas) que obligue a los funcionarios públicos a entregar al público información relevante y actualizada sobre asuntos públicos (el secreto es la fuente de la corrupción); necesitamos que los procesos de rendición de cuentas se convierta en una rutina de los poderes; y finalmente, necesitamos que los ciudadanos y organizaciones sociales participen en el control y vigilancia de la gestión pública con poder de decisión. Estas son las bases de una democracia radical